Gracias a un convenio de contenido secreto –"confi dencial", dice el texto–, las dos principales instituciones públicas valencianas garantizaron al Instituto Nóos un "canon" anual de 1,04 millones –900.000 euros más IVA– como "organizadora" durante tres años consecutivos de la cumbre turístico-deportiva Valencia Summit. Lo anterior se traduce en 3,1 millones, aunque no está todavía confi rmado si el convenio inicial se mantuvo intacto o se modifi có mediante adendas. Pero el concepto organizar, atribuido al Instituto Nóos, resulta aquí irreal. Porque, de manera inédita, el convenio, al que Público ha tenido conveacceso no contiene ni una sola cláusula con exigencias concretas para la entidad. La Generalitat, entonces presidida por Francisco Camps, y el Ayuntamiento, que fi guraban como “colaboradores”, se obligaban de forma expresa a abonar paritariamente lo que el texto denomina “el resto de los gastos”. Pero, a tenor del propio convenio, no se trataba de la parte residual del capítulo de gastos, sino de la esencial en un evento como Valencia Summit, que duró tres días.
El anexo pormenoriza así esos gastos: “Alojamiento (conductores, azafatas, médicos, técnicos), viajes,
alquiler de salas, audiovisuales, mobiliario, catering reuniones, catering cena gala, cartelería, decoración fl oral, iluminación, decoración salas, acreditaciones, ambientación musical”. Todo ello se cuantificó en 307.638 euros. Y que semejante nómina de tareas costase menos de un tercio de lo pagado al Instituto Nóos plantea una pregunta: ¿Qué costeó la asociación del aristócrata? El convenio, desde luego, no lo dice. Pero los 307.638 euros comprometidos por Generalitat y Ayuntamiento adquieren un aspecto ridículo en comparación con las magnitudes que manejaban el Instituto Nóos y su conglomerado de satélites mercantiles. Según el juez del caso Palma Arena, de ese entramado se valieron Urdangarin y su entonces socio Diego Torres, ahora imputado, para “apoderarse” de fondos públicos.
Entre 2004 y 2006, el Instituto Nóos captó de la Generalitat valenciana y el Govern balear de Jaume Matas convenios por al menos 5,3 millones de euros. Y al menos 3,2 millones acabaron en las cuentas de dos empresas privadas de Urdangarin: Nóos Consultoría Estratégica SL y Aizoon SL.
La cercanía entre la fecha del convenio de 2004 –8 de septiembre– y la celebración del Valencia Summit –del 27 al 29 de octubre del mismo año– alimentan los interrogantes. O no hubo personalidades internacionales de relumbrón, cuya presencia insinuaba en el convenio aunque sólo en el preámbulo y no en las cláusulas preceptivas, o si las hubo, resulta poco verosímil que ajustaran su agenda con tan escaso margen.
Pero la rapidez fue la nota dominante aquí: hubo celeridad para la suscripción del acuerdo y la hubo también para pagar al Instituto Nóos. En el momento de la fi rma, la asociación debía recibir 250.000 euros. El resto llegó a sus cuentas antes de que se cerrase el ejercicio y, según las fuentes consultadas, así ocurrió.
La demora habitual para común de los proveedores no imperó aquí. Suscrito por Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (Cacsa) en nombre de la Generalitat y por la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau en representación del Ayuntamiento, el convenio de Valencia Summit aparece hoy como el guión del negocio perfecto para el Instituto Nóos.
Hasta ahora, tanto la portavoz del Gobierno valenciano, Lola Johnson, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se han limitado a proclamar que todo fue correcto. Pero la Sindicatura de Cuentas valenciana no lo entendió así y reprochó a la Generalitat la opacidad de un convenio bajo el que se camuflaba un contrato en toda regla. El PP ha ignorado el reproche contable y evita dar detalles. Nadie sabe, por tanto, por qué el Instituto Nóos cobró, no una subvención, sino un “canon”, término ajeno a la cultura de ayudas finalistas para asociaciones. La teoría de la confidencialidad en contratos públicos valencianos ya se hizo famosa cuando finalmente trascendió que el arquitecto Santiago Calatrava había cobrado 15 millones de la Generalitat a cambio de un proyecto fantasma, las Torres de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Un contrato igualmente “confidencial” evitó a la oposición conocer ese dato hasta que la Fiscalía lo desveló al rechazar una denuncia de IU.
En el convenio con el Instituto Nóos, el carácter secreto queda expuesto en su cláusula sexta. “(...) las partes –dice el texto– se obligan a tratar como confidencial los términos y condiciones del acuerdo”. No sólo en lo que respecta a informaciones de “índole tecnológica, jurídica, comercial o financiera”, sino con relación a cualquier información que “una de las partes identifique de carácter confidencial a la otra”.
El diario Levante publicó la semana pasada que en la primera primera edición de esa cumbre participaron cuatro profesores de la escuela de negocios Esade, por la que se graduó Urdangarin. Al menos tres de ellos recibieron del Instituto Nóos pagos por servicios profesionales en 2004. Pero, según las fuentes consultadas, entre los tres apenas cobraron 24.109 euros de la asociación, creada en 1999 por miembros del círculo de Urdangarin y cuyo nombre fue modificado en 2003 para que coincidiera, precisamente, con el de la consultoría privada del yerno del rey, Nóos Consultoría Estratégica SL, fundada dos años antes.
En 2004, el Instituto Nóos ingresó algo más de 1,3 millones de euros, según la información recabada por este periódico. Y distintas empresas proveedoras endosaron al instituto facturas por 1,2 millones. ¿Quiénes fueron los proveedores principales? Nóos Consultoría y Aizoon SL. El monto de lo percibido del Instituto Nóos por ambas sociedades en 2004 supera el millón de euros. Como informó Público hace dos semanas, Nóos Consultoría y Aizoon facturaron en total al Instituto Nóos más de 3,2 millones durante el cuatrienio 2004 y 2007. “presunción de inocencia”
Hasta el momento, Urdangarin sólo ha anunciado que defenderá su “honorabilidad de inocencia”, aunque no ha dado una sola explicación. Ayer, fue el Govern balear el que apeló a la importancia de respetar la “presunción de inocencia” en las investigaciones sobre un presunto desvío de 2,3 millones públicos a través del Instituto Nóos cuando este estaba presidido por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, informa Esther Ballesteros. “Aún no hay sentencia firme”, fue ayer la respuesta del conseller de Presidencia, Antonio Gómez, al ser preguntado durante el pleno celebrado en el Parlament balear sobre las actuaciones que prevé llevar a cabo el Govern para velar por el uso de los fondos públicos en relación con Nóos. En su intervención, Gómez aseveró que el Ejecutivo “defenderá los intereses de Balears donde sea y ante quien sea”, asegurando tajante que estos estarán “salvaguardados”.
De hecho, recordó que Balears está personada en todas las causas que indagan un uso irregular de las arcas públicas, como en el caso Palma Arena, cuya pieza número 25 investiga el presunto desvío de fondos a través del Instituto Nóos.
Fuente: Lavozdeasturias
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