Como advertíamos en el anterior post, uno de los pilares defensivos del sistema frente a las crisis cíclicas e inducidas por él mismo es la militarización del Estado en aras de la seguridad frente a las hordas de bárbaros dispuestos a pelear. En repetidas ocasiones hemos hablado del exorbitante gasto militar que el Estado español realiza poniendo de relieve cuáles son sus prioridades. Baste mencionar que en el pasado 2011 (a falta de liquidar los presupuestos que siempre aumentan la cantidad final) la cifra superó sobradamente los 17.000 millones de euros. Sólo imaginar cuantas situaciones angustiosas podríamos haber eliminado con esos miles de millones puestos a disposición del pueblo. Obviamente, el Ministerio de la muerte (mejor nos acostumbramos a llamarlo por su verdadero nombre) ha sido de los que menos ha visto recortado su presupuesto y las inversiones en I+D militar han aumentado en porcentaje con respecto al total de las inversiones.
Hasta aquí, queramos o no queramos, todo normal. Esta es la dinámica habitual de cualquier Estado. Sin embargo, en los últimos días hemos visto cómo se han dado un par de pasos que elevan el nivel de la militarización a cotas superiores.
En primer lugar, la compra de material antidisturbios a gran escala por parte de un Gobierno que un día tras otro nos hace creer que no hay dinero ni para comer. Casi millón y medio de euros gastados en artefactos para el control social. Esta cifra puede parecer ridícula acostumbrados como estamos a escuchar a diario cifras de miles de millones, sin embargo, si la comparamos con los 140 mil euros que se gastaron en 2007 (cuando las cosas iban viento en popa al parecer) enseguida vemos la dimensión de la compra. Esto responde al rearme que está haciendo el Estado por si sus intentos de canalizar la rabia del pueblo no funcionan (patético Rajoy pidiendo una huelga general y patéticos los sindicatos siguiéndole el rollo). No obstante, éste no es el movimiento más preocupante.
Recientemente, ha sido nombrado el nuevo director de Protección Civil y Emergencias. Por primera vez, se ha nombrado a un militar como máximo responsable de un ente hasta la fecha supuestamente civil. La designación del general de brigada Juan Antonio Díaz Cruz deja bien claro cómo el Estado pretende reforzar su poder de control social. La explicación oficial es que al ser militar tiene buena relaciones con la UME (Unidad Militar de Emergencias) unidad creada para dar esa imagen que tanto nos gusta de militares buenos al servicio del pueblo tipo cascos azules y demás chorradas por el estilo. Podemos darle la vuelta al argumento utilizado por el Gobierno y vemos cómo el nombramiento de un militar facilita más, si cabe, el control de este ente civil por parte del gran baluarte del sistema: el ejército.
Juan Antonio Díaz Cruz no es un militar cualquiera, sino un integrante de la alta jerarquía castrense. Ha ocupado la jefatura de la brigada de la Legión destinado en la guerra de Irak. También ha estado en Sarajevo con la Eurofor y ha sido miembro de las COE (Unidades de operaciones especiales). Pero lo más importante es que ha sido coronel jefe de la Guardia Real y ayudante de campo del rey. Esto es parte del currículum de este angelito.
Todo parece indicar que el Estado ante un previsible estallido social (previsible no significa que vaya a suceder, hay muchos factores que tienen al pueblo totalmente subyugado a los designios del sistema) se está reforzando, todavía más, para poder tomar el control de las calles. No hay que olvidar que nuestra “amada” Constitución permite esto y mucho más.
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