El programa que el PP querrá aplicar, oculto durante la campaña y al dictado de la Europa del capital, supondrá nuevos y brutales recortes de salarios, derechos y servicios públicos para la clase trabajadora, aumento de impuestos indirectos, paro y precariedad, incremento de la desigualdad,...
El Ejecutivo de Rajoy se enfrenta a un paro creciente, una economía estancada y el aumento de las desigualdades
El pensamientooriental nos ha transmitido la idea de que las crisis son una oportunidad de hecho, en japonés, crisis significa peligro y oportunidad. Y, en las últimas décadas, en el mundo occidental las crisis siempre se han convertido en una oportunidad, pero para que la doctrina neoliberal se extienda por todos los lugares. Es la doctrina del shock de Naomi Klein, que explica cómo se imponen reformas impopulares ante la conmoción y el aturdimiento que provocan situaciones desastrosas.
Es muy probable que en los próximos meses también en España haya un shock de recortes drásticos, de vueltas de tuerca a las reformas laborales y de imposición de nuevos sacrificios a los ciudadanos. Los problemas son graves y de cómo se solucionen dependerá nuestro bienestar en al menos la próxima década.
Cuatro cruces clavadas esperan al nuevo presidente del Gobierno
: "Cuentas públicas", "sistema financiero", "desempleo" y "desequilibrio de rentas y crecimiento económico". Son cuatro cruces en un monte que no es el del olvido, sino el de la economía. En este monte, ante las cruces, se oye un coro de fingidas plañideras que lloran y gritan "¡déficit, déficit!", mirando a una sola de ellas, mientras siguen haciendo caja. Son "los mercados", fantasmagóricos entes que llevan años marcando la agenda de los gobiernos mundiales y en especial la de los países de la eurozona en los últimos meses.
El nuevo Gobierno aplicará una política de shock, con recortes y reformas
Y, sin embargo, el principal reto del Gobierno español entrante debería ser no hacer caso de la letanía y no intentar desenclavar una sola cruz, ya que por salvar a un condenado puede acabar enterrando para siempre a los demás.Hace un mes, la agencia Standard & Poor's, una de las plañideras, esgrimió cuatro argumentos para rebajar su estimación de calidad para los bonos públicos de España: "El desempleo más alto de la eurozona, las condiciones más duras para captar financiación, un nivel de deuda alto y la desaceleración global de Europa". S&P pasó de considerarnos "doble A", o sea, "no está mal", a "doble A menos",que más o menos quiere decir "Ojo con ellos".
Reducir el gasto público afectará al crecimiento y al empleo
Era lo mismoque pocos días antes había dicho y hecho Fitch y también lo mismo que pocos días después repitió Moody's, las otras dos grandes agencias de calificación. No es descartable que, dependiendo de cuáles sean las primeras decisiones del nuevo Gobierno, este coro decida que sus propios intereses y los de sus clientes no han sido priorizados lo suficiente, al punto de volver a rebajar a "ni te acerques" su opinión sobre la deuda española. Si ese es el caso, veremos de verdad el temple del nuevo Gobierno para atender a los ciudadanos antes que a las plañideras, por mucha que sea la influencia del llanto. El foco está puesto en cumplir el déficit por encima de todo. Sin embargo, el radical recorte del gasto público que se avecina afectará al crecimiento económico, única vía para crear empleo, que es el problema más grave de la sociedad española. Allí donde se aplicó, el shock no funcionó para los ciudadanos, sólo para el capital. Aquí no tiene por qué ser diferente.
El coste de la crisis ha recaído en los trabajadores
La participación de los salarios en la renta nacional baja y sube la del excedente empresarial
Recortes de entre 20.000 y 30.000 millones
Si no se suben impuestos, habrá drásticas rebajas en el gasto público para cumplir el déficit
La participación de los salarios en la renta nacional baja y sube la del excedente empresarial
Si algo ha quedado claro en esta crisis es que no todos han sufrido igual y que el coste de la recesión ha recaído más en los trabajadores que en los beneficios empresariales. Las desigualdades se han acrecentado y si el nuevo Gobierno no quiere que el descontento social desemboque en una conflictividad imparable es uno de los problemas que tendrá que resolver.
En la actualidad, el 46,5% de la renta bruta corresponde a excedentes de explotación, frente al 48% que representan los salarios, según los datos de Contabilidad Nacional del INE del tercer trimestre de 2011. Eso supone que, respecto al mismo trimestre del año pasado, la parte del pastel de la renta nacional que tiene el excedente empresarial ha subido casi dos puntos, ya que hace un año apenas alcanzaba el 44,7%, mientras que los salarios han reducido su participación casi un punto, puesto que estaban en el 48,9%.
Si nos vamos a 2009, la divergencia es aún más evidente: los salarios han perdido casi tres puntos porcentuales, ya que representaban más de la mitad de la renta nacional bruta (50,7%), mientras que el excedente de explotación (los beneficios empresariales) ha ganado dos puntos y medio de la tarta, ya que era de sólo el 44%.
En los últimos años, el ritmo de crecimiento de los beneficios empresariales ha sido más acusado que la remuneración de los trabajadores, lo que se ha traducido en un aumento de su peso en el PIB.
Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada y presidente de la Fundación CEPS, reclama un "reparto más equitativo de las ganancias de productividad y recuperar el poder adquisitivo de los salarios".
Sin embargo, la tesis que se va a imponer es que hay que bajar los salarios para ser más competitivos. El Premio Nobel de Economía Paul Krugman dijo en 2009 que España, al no poder ya devaluar su moneda, tendría que hacer una deflación de al menos el 15% en salarios y precios.
El Partido Popular auguró protestas sociales cuando su Gobierno empiece a aplicar las medidas con las que pretende superar la crisis económica. Pero la forma de salir de la crisis es tan importante como el hecho mismo.
http://www.publico.es/espana/408087/el-coste-de-la-crisis-ha-recaido-eEn la actualidad, el 46,5% de la renta bruta corresponde a excedentes de explotación, frente al 48% que representan los salarios, según los datos de Contabilidad Nacional del INE del tercer trimestre de 2011. Eso supone que, respecto al mismo trimestre del año pasado, la parte del pastel de la renta nacional que tiene el excedente empresarial ha subido casi dos puntos, ya que hace un año apenas alcanzaba el 44,7%, mientras que los salarios han reducido su participación casi un punto, puesto que estaban en el 48,9%.
Si nos vamos a 2009, la divergencia es aún más evidente: los salarios han perdido casi tres puntos porcentuales, ya que representaban más de la mitad de la renta nacional bruta (50,7%), mientras que el excedente de explotación (los beneficios empresariales) ha ganado dos puntos y medio de la tarta, ya que era de sólo el 44%.
En los últimos años, el ritmo de crecimiento de los beneficios empresariales ha sido más acusado que la remuneración de los trabajadores, lo que se ha traducido en un aumento de su peso en el PIB.
Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada y presidente de la Fundación CEPS, reclama un "reparto más equitativo de las ganancias de productividad y recuperar el poder adquisitivo de los salarios".
Sin embargo, la tesis que se va a imponer es que hay que bajar los salarios para ser más competitivos. El Premio Nobel de Economía Paul Krugman dijo en 2009 que España, al no poder ya devaluar su moneda, tendría que hacer una deflación de al menos el 15% en salarios y precios.
El Partido Popular auguró protestas sociales cuando su Gobierno empiece a aplicar las medidas con las que pretende superar la crisis económica. Pero la forma de salir de la crisis es tan importante como el hecho mismo.
Recortes de entre 20.000 y 30.000 millones
Si no se suben impuestos, habrá drásticas rebajas en el gasto público para cumplir el déficit
Cumplir el déficit se ha convertido en el mantra del Gobierno -tanto saliente como entrante-. De eso depende la confianza de los mercados, la ayuda de la Unión Europea y que la prima de riesgo no se instale definitivamente en los niveles de rescate.
Este año es muy probable que se sobrepase el objetivo de déficit público (6% del PIB) y eso sólo dificultará aún más que el año que viene se reduzca al 4,4% del PIB. El recorte del déficit, que tendrá que incluirse en los Presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas, irá desde un mínimo de 16.000 euros (si se cumpliera el objetivo de este año) hasta los 30.000 millones (suponiendo que este año el déficit acabe en el 7,5%) o incluso más aún.
Los expertos consultados dan por hecho que será imposible bajar impuestos y que es mucho más probable que el nuevo Gobierno suba el IVA para empezar. "Bajar los impuestos es ilusorio", dice Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. " Más de la mitad del objetivo de reducción de déficit se puede lograr con impuestos adicionales y eliminando deducciones en el IRPF y tipos reducidos de IVA", señala Zubiri.
Si el Gobierno no se atreve a subir impuestos, la única vía será reducir el gasto para cumplir lo que exigen los mercados y la Unión Euro-pea. Sólo hay una partida que se ha anunciado intocable: las pensiones. Todas las demás pueden sufrir amputaciones. Lo trágico de la situación es que no tendría por qué ser así. En realidad, explica Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, "el déficit no es un problema, porque en una situación de recesión es lo razonable. Lo que habría que hacer es dilatar en el tiempo el reequilibrio en las cuentas públicas".
La UE, dirigida por Merkel, no quiere saber nada de ampliar el periodo para reequilibrar las cuentas públicas. Mientras, sigue sin resolver el problema de la deuda soberana, no impulsa los eurobonos ni la intervención del Banco Central Europeo para dar liquidez al sistema, aumentar la masa monetaria y comprar deuda pública con el fin de frenar la especulación y mantener controlada la prima de riesgo. Un poco más de inflación no sería un precio demasiado alto a pagar por ello.
Este año es muy probable que se sobrepase el objetivo de déficit público (6% del PIB) y eso sólo dificultará aún más que el año que viene se reduzca al 4,4% del PIB. El recorte del déficit, que tendrá que incluirse en los Presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas, irá desde un mínimo de 16.000 euros (si se cumpliera el objetivo de este año) hasta los 30.000 millones (suponiendo que este año el déficit acabe en el 7,5%) o incluso más aún.
Los expertos consultados dan por hecho que será imposible bajar impuestos y que es mucho más probable que el nuevo Gobierno suba el IVA para empezar. "Bajar los impuestos es ilusorio", dice Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. " Más de la mitad del objetivo de reducción de déficit se puede lograr con impuestos adicionales y eliminando deducciones en el IRPF y tipos reducidos de IVA", señala Zubiri.
Si el Gobierno no se atreve a subir impuestos, la única vía será reducir el gasto para cumplir lo que exigen los mercados y la Unión Euro-pea. Sólo hay una partida que se ha anunciado intocable: las pensiones. Todas las demás pueden sufrir amputaciones. Lo trágico de la situación es que no tendría por qué ser así. En realidad, explica Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, "el déficit no es un problema, porque en una situación de recesión es lo razonable. Lo que habría que hacer es dilatar en el tiempo el reequilibrio en las cuentas públicas".
La UE, dirigida por Merkel, no quiere saber nada de ampliar el periodo para reequilibrar las cuentas públicas. Mientras, sigue sin resolver el problema de la deuda soberana, no impulsa los eurobonos ni la intervención del Banco Central Europeo para dar liquidez al sistema, aumentar la masa monetaria y comprar deuda pública con el fin de frenar la especulación y mantener controlada la prima de riesgo. Un poco más de inflación no sería un precio demasiado alto a pagar por ello.
Los activos inmobiliarios tóxicos de la banca
Se mantiene la burbuja financiera mientras no hay crédito para la economía real "Hay que pinchar la burbuja financiera", señala José Manuel Lasierra, profesor de la Universidad de Zaragoza y director de la cátedra Jaime Vera sobre Ciencias Sociales. "Hay más papel que economía real. Ha sido una locura la subida de los pisos, de las bolsas... Si hubiera crecido poco a poco, con la inflación se hubiera corregido. Pero ahora hay que hacerlo con un pinchazo", asegura Lasierra, que insiste en que, de otra forma, todo el dinero que sigan dando el BCE y los estados a la banca sólo servirá para mantener la burbuja.
Los activos inmobiliarios que han ido incorporando bancos y cajas a sus balances por la morosidad de sus clientes no reflejan el valor de mercado, porque hacerlo sería reconocer unas pérdidas que muchos no pueden asumir. Los bancos y cajas españolas acumulan 176.000 millones de euros en activos problemáticos en el sector inmobiliario, según datos del Banco de España. Entre los llamados activos tóxicos están los créditos de dudoso cobro y los inmuebles que se han quedado al no cobrar las deudas. Es evidente que al sector financiero le queda mucha reestructuración por delante. Continuarán las fusiones, que para varias entidades será la única manera de no quebrar. Y en el horizonte aparece la posibilidad de que el Gobierno cree un banco malo que asumiría los activos tóxicos inmobiliarios de los bancos (fundamentalmente suelo), con cargo a los contribuyentes. Pero eso le costaría mucho dinero al Estado, y ¿de dónde lo va a sacar ahora con la prima de riesgo por las nubes?
Los bancos no se prestan entre ellos porque no saben cuál es la situación real del otro. Y como se han elevado las exigencias de solvencia, cualquier dinero fresco que entra en los bancos, estos se lo quedan para incrementar su capital de máxima solvencia. Por eso, y por miedo a más morosidad, no hay crédito para empresas ni particulares.
El año que viene va a ser aún más complicado que este porque los vencimientos de la banca española alcanzan los 120.000 millones de euros, el triple que en 2011. Eso significa que las tensiones sobre la prima de riesgo y los tipos de interés van a ser mucho más intensas, señala Eduardo Gutiérrez, economista del Gabinete Interfederal de Comisiones Obreras.
Los activos inmobiliarios que han ido incorporando bancos y cajas a sus balances por la morosidad de sus clientes no reflejan el valor de mercado, porque hacerlo sería reconocer unas pérdidas que muchos no pueden asumir. Los bancos y cajas españolas acumulan 176.000 millones de euros en activos problemáticos en el sector inmobiliario, según datos del Banco de España. Entre los llamados activos tóxicos están los créditos de dudoso cobro y los inmuebles que se han quedado al no cobrar las deudas. Es evidente que al sector financiero le queda mucha reestructuración por delante. Continuarán las fusiones, que para varias entidades será la única manera de no quebrar. Y en el horizonte aparece la posibilidad de que el Gobierno cree un banco malo que asumiría los activos tóxicos inmobiliarios de los bancos (fundamentalmente suelo), con cargo a los contribuyentes. Pero eso le costaría mucho dinero al Estado, y ¿de dónde lo va a sacar ahora con la prima de riesgo por las nubes?
Los bancos no se prestan entre ellos porque no saben cuál es la situación real del otro. Y como se han elevado las exigencias de solvencia, cualquier dinero fresco que entra en los bancos, estos se lo quedan para incrementar su capital de máxima solvencia. Por eso, y por miedo a más morosidad, no hay crédito para empresas ni particulares.
El año que viene va a ser aún más complicado que este porque los vencimientos de la banca española alcanzan los 120.000 millones de euros, el triple que en 2011. Eso significa que las tensiones sobre la prima de riesgo y los tipos de interés van a ser mucho más intensas, señala Eduardo Gutiérrez, economista del Gabinete Interfederal de Comisiones Obreras.
El nuevo Ejecutivo prepara una profundización de la reforma laboral en contratos y negociación colectiva
Cinco millones de desempleados, un millón y medio de familias con todos sus miembros en paro y más de un millón de parados de larga duración (superior a dos años) a los que se les ha agotado el periodo para cobrar la prestación por desempleo, son las cifras más trágicas de la crisis. Y las perspectivas no son mucho mejores. El recorte del gasto público que han empezado a hacer las comunidades autónomas ya ha tenido cierto impacto en las cifras de desempleo y empeorará si el nuevo Gobierno acentúa la reducción del gasto público en lugar de estimular la economía a través de la demanda pública.
Además, el nuevo Gobierno hará otra reforma del mercado de trabajo. La reforma laboral, si se impone un contrato único con indemnización creciente, va a ser uno de los debates más importantes y enconados de la nueva legislatura. Ignacio Zubiri, catedrático de la Universidad del País Vasco, no considera que sea una solución al paro la reforma del contrato laboral: "Si cambias el tipo de contrato cambias el tipo de gente que se va a la calle, pero no el número". Por el contrario, para crear empleo ve más urgente que el sector público cree su propia línea de crédito si no funciona el privado y facilitar la creación de empresas, permitiendo, por ejemplo, que el IVA no se pague hasta que no se cobre.
Sin embargo, para Ángel de la Fuente, investigador del CSIC, "encaminar la recuperación pasa por reformas estructurales, incluyendo la del mercado de trabajo. El PSOE hizo un conato de reforma que no sirvió de gran cosa". Una de las causas de la elevada tasa de paro en España es que el ajuste se ha hecho fundamentalmente con despidos y no con reparto del trabajo. Tres de cada diez trabajadores tenían contrato temporal al comenzar la crisis; nada más fácil que dejar extinguir el contrato temporal para ajustar gastos. "Es necesario reducir la dualidad entre temporales e indefinidos -explica De la Fuente- y eso se consigue reduciendo la asimetría, que unos tengan menos protección y otros más".
La segunda vuelta de tuerca que se prepara afectará a la negociación colectiva. Los sindicatos no rechazan modificar la estructura de negociación y que puedan primar algunos acuerdos a nivel de empresa siempre que los trabajadores de las pymes tengan representación en la negociación. Ahora no la tienen en las empresas con menos de seis trabajadores.
Fuente: Kaosenlared
No hay comentarios:
Publicar un comentario