Cada día está más cerca la imputación del Duque de Palma en el caso Palma Arena, aquel que estudia la ingente trama de corrupción que rodeó a la construcción del velódromo del mismo nombre, durante el tiempo en que Jaume Matas (PP) estuvo al frente del Govern Balear.
El juez José Castro, instructor del caso Palma Arena, ha dividido la causa en veinticinco piezas, la última de las cuales investiga los convenios firmados por la Fundación Illesport y el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) (ambos dependientes del Govern Balear) con el Instituto Nóos, institución de mecenazgo fundada por Iñaki Urdangarín y su amigo Diego Torres. Estos convenios supusieron la cesión de un total de 2.3 millones de € públicos a Nóos para que dicho instituto gestionase el Balears Forum, un foro de turismo y deporte cuya duración era de tres días y que tuvo lugar tanto en 2005 como en 2006, año en que el diputado en el Parlament por el PSOE, Antoni Diéguez, denunció la pésima gestión de fondos públicos que este evento suponía.
Pese a la escasa documentación que las autoridades han recabado (no hay documentos justificativos de aquellas subvenciones ni pruebas de que Nóos realizase el trabajo por el que fue pagado, ni siquiera se ha localizado su domicilio social al haber abandonado el que figuraba en el registro, en San Cugat del Vallés), se da por hecho que Iñaki Urdangarín, cofundador de Nóos y presidente hasta 2006, se lucró desviando parte de los ya mencionados fondos públicos a la promotora Aizoon S.L., creada en febrero de 2003 por la Infanta Cristina y Urdangarín y presidida en exclusiva por ellos mismos. Al parecer, 160.000 € del total recibido por Nóon fueron a parar ilegalmente a las cuentas de Aizoon, es decir, a las ya de por sí abultadas cuentas de los Duques de Palma.
El socio fundador del Instituto Nóos, Diego Torres, que sustituyó al yerno del Rey como presidente en 2006, ya ha declarado como imputado, así que es cuestión de tiempo (o de influencias) que el marido de la Infanta Elena sea llamado por la justicia. Lo decidirán la Fiscalía General y la Fiscalía anticorrupción.
También están pendientes de declarar ante el juzgado de instrucción número 3 de Palma Jose Luis "Pepote" Ballester (director general de deportes durante la última legislatura del PP en Baleares) y Raimundo Alabern (exgerente de Ibatur). Ambos están encausados, y pese a que deberían haber declarado el 1 de septiembre, ya es la segunda vez que sus declaraciones son aplazadas.
Esta red de corrupción que toca de lleno a la Familia Real se suma a la que relaciona a Camps con (de nuevo) el yernísimo del Rey:
Según declaró, indignado, el mismo Camps a sus fuentes más cercanas, la Generalitat Valenciana pagó 3 millones de € a Nóos para que promocionase, gracias a la conocida imagen de Iñaki Urdangarín,la candidatura de Valencia a albergar los I Juegos Europeos, que nunca llegaron a producirse. Apenas un año después, el exjugador de balonmano fichó por Telefónica Internacional y se desentendió de su compromiso con Camps, quien pese a prometerlo, nunca llegó a dar explicaciones sobre este asunto en las Cortes Valencianas.
Para rematar la credibilidad de nuestra monarquía, Don Juan Carlos ordenó borrar de la biografía oficial del Duque de Palma toda mención a su etapa en Nóos y envió a Urdangarín y a su familia a vivir a una lujosa zona de Washington.
Me pregunto por qué necesita la Corona recurrir a métodos ilegales, si la legislación vigente ya les permite apropiarse de al menos nueve millones de euros anuales procedentes de nuestros bolsillos.
Fuente: diariorepública,kaosenlared
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